By Killeen King y Scott McClintock
Vestida en una camisa de vestir blanca, una chaqueta negra y pantalones, Sandra Valencia parecía que iba a trabajar.
En lugar de eso, la nativa de México de 32 años se sentó en una larga mesa de reuniones en la clínica de inmigración en la facultad de derecho de la universidad de Washington y Lee, firmando algunos documentos que podrían determinar su estado de deportación.
Valencia dijo que no conoce a nadie en México—con la excepción de su padre abusivo que ella dice, que le echó encima agua hirviente cuando era niña.
“Estará sola,” ella dijo, con su pelo negro brillante que enmarcaba su rostro y complementaba sus ojos verdes. “No tengo a nadie con la excepción de mi padre y él está muy enfermo en este momento.”
La inmigración ilegal se ha convertido en un asunto importante en los meses previos a las primarias presidenciales. La administración del presidente Obama ha sido criticada por la deportación de personas que han vivido en Los Estados Unidos por muchos años pero que no han cometido ningún crimen, mientras los candidatos Republicanos han tomado una serie de opiniones sobre el asunto.
Desde el comienzo de la presidencia de Obama, más de 1.1 millones de deportaciones han ocurrido. Una parte principal del esfuerzo en la deportación por la administración es la Ley de las Comunidades Seguras, aprobada por el Congreso en el 2009.
Bajo la ley de las Comunidades Seguras, el FBI automáticamente manda las huellas dactilares de las personas arrestadas por el gobierno local a la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para llevar a cabo búsquedas en las bases de datos de la inmigración. Si la búsqueda muestra que la persona está en Los Estados Unidos ilegalmente o si la persona puede ser deportada por una convicción criminal, la ICE decide si la deportación es necesaria o no. La ICE prioriza a las personas que consideran ser amenazas serias a la seguridad pública y a las personas que violaron las leyes de inmigración muchas veces.
En un memorando ampliamente difundido en junio, John Morton, el director de la ICE, dijo que la agencia ejercería “discreción fiscal” en sus relaciones con inmigrantes ilegales. El memorando sugirió que la ICE deportaría a las personas con registros criminales, no a las personas que han estado viviendo pacíficamente en las comunidades en todo el país.
Pero, como el caso de Valencia muestra, los inmigrantes que no están en conflicto con la ley, todavía pueden quedar atrapados en la red de la deportación del gobierno.
“Ella básicamente ha sido una buena ciudadana, un bueno miembro de la comunidad,” dijo Hanna Jamar, una estudiante de la facultad de derecho de W&L quien es la representante de Valencia para su caso de deportación.
La decisión sobre si Valencia sale o permanece está prevista para el febrero del 2013, a pesar de un historial relativamente limpio; ella tiene dos infracciones.
Valencia se mudó desde Iguala en el estado de Guerrero, México a San Diego cuando tenía 6 años. Ella huyó con su madre para escapar de su padre abusivo. Las dos dejaron atrás cinco hermanos que vivían con la hermana mayor mientras esperaban su oportunidad para cruzar la frontera.
Trabajando en la costura de vestidos de novia, la madre de Valencia la apoyó a su hija y ahorró dinero para traer al resto de la familia a Los Estados Unidos.
Cuando Valencia tenía 17 años, su madre presentó una solicitud para una tarjeta de residencia para su hija. Una tarjeta de residencia concede permiso para estar en los Estados Unidos, pero no concede el derecho al voto. La única cosa que Valencia necesitaba era una cita para recoger su tarjeta de residencia. La cita nunca llegó.
La madre de Valencia murió antes de la finalización del proceso, y el gobierno perdió los documentos cuando su caso fue trasladado desde California a Virginia. Valencia se mudó a la casa de un hermano que estaba en Danville después de una cirugía de corazón de su madre.
En el mismo año, Valencia también se casó y se mudó a Winston-Salem, N.C. El matrimonio a un inmigrante ilegal negó su solicitud en trámite de la tarjeta de residencia.
Cuando ella se divorció de su esposo unos pocos años más tarde, Valencia se mudó a Danville donde ella vive ahora con sus tres hijos.
Eventualmente, Valencia recibió un número de seguridad social y un pasaporte. En el 2008—12 años después de que su madre trató de conseguir una tarjeta de residencia para Valencia—su solicitud fue rechazada, y el proceso de deportación se inició.
Valencia no ha visitado a México desde que ella salió cuando era niña. Dijo que su tres hijos hablan muy poco español.
“Les dijo que puede ser que tengamos que dejar los Estados Unidos y ellos simplemente piensan que ‘Oh, mi madre está bromeando,’” ella dijo.
Un estudio por el Centro Hispánico de Pew muestra que casi 6 millones-63 por ciento de los inmigrantes no autorizados en Los Estados Unidos—han vivido aquí por más de 10 años. Cerca de la mitad de estos inmigrantes son padres de hijos menores de edad.
El Condado de Rockbridge y la ciudad de Lexington se convirtieron en participantes en el programo de las Comunidades Seguras en junio del 2010.
El capitán A.M. “Bucky” Miller del departamento de policía de Lexington dijo que la policía local no busca deliberadamente a inmigrantes ilegales para detenerlos.
“Si paro a alguien por exceso de velocidad y la persona no es legal, la ICE no va a venir por él, no para una sola persona,” él dijo.
“Supongamos que tenemos un camioneta llena de inmigrantes ilegales—la ICE vendrá,” dijo Miller. “A la ICE le gusta trabajar con números grandes. La ICE quiere arrestos masivos.”
El 1 de diciembre, Valencia y Jamar comparecieron ante una audiencia en Arlington. Ellas compilaron más de 600 páginas de documentación de la vida de Valencia como una ciudadana respetuosa de la ley, y estaban dispuestos a presentar argumentos en frente del juez.
En vez de lo esperado, el juez les pidió algunos formularios y una audiencia de deportación se convocó para febrero del 2013. Tardará tanto debido a una acumulación de casos similares, dijo Jamar.
“Me gustaría tener la oportunidad de permanecer aquí con mis hijos,” dijo Valencia, “y tener la oportunidad de volver a una escuela y recibir una educación.”
Burl Rolett, Brooks Simmons y Tilden Bowditch también han contribuido al artículo.